Actualmente, la legislación se rige por el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, que en su canon 1374, señala:
"Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; QUIEN PROMUEVE O DIRIGE ESA ASOCIACIÓN HA DE SER CASTIGADO CON ENTREDICHO".
Esta nueva redacción, sin embargo, supuso dos novedades respecto al Código de 1917: la pena no es automática y no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia.
Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones. Se indica, además, que LOS PRINCIPIOS DE LA MASONERÍA SIGUEN SIENDO INCOMPATIBLES CON LA DOCTRINA DE LA IGLESIA, Y QUE LOS FIELES QUE PERTENEZCAN A ASOCIACIONES MASÓNICAS NO PUEDEN ACCEDER A LA SAGRADA COMUNIÓN.